Se desconoce Detalles Sobre decreto 2025 de 1996

De ahí que, teniendo en cuenta la naturaleza y magnitud de la catástrofe, se considere igualmente necesario y urgente habilitar al Gobierno para que, mediante un Acuerdo de Consejo de Ministros, pueda, si las circunstancias Triunfadorí lo aconsejan, ampliar el plazo que ahora se fija, con la finalidad de poder sufragar tareas de respuesta a la emergencia que sigan siendo realizadas por las Corporaciones Locales.

en los puntos de traspaso de los títulos de transporte o por los medios que se consideren más adecuados y proporcionados en función de la naturaleza de los servicios, los canales de traspaso y las características del beneficiario de las ayudas.

c) Se procederá al reintegro total en el supuesto de no remitir la acreditación acerca del cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Positivo decreto-ley o las auditoríCampeón o certificados de la intervención de la entidad local o autonómica correspondiente, según el tipo de beneficiario, recogidos en apartado 3 inicial, en el plazo de un año desde la solicitud oficial del mismo por parte de la Dirección Militar de Estrategias de Movilidad.

A continuación, se presentan los decretos y resoluciones que son obligatorios y deben estar incluidos en una matriz de requisitos legales actualizada para el año 2025:

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5. En el caso de entes locales supramunicipales que agrupen varios municipios, para que cada beneficiario pueda obtener la ayuda directa asignada será imprescindible que todos los municipios integrados en el ámbito de competencia del beneficiario con obligación legal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.

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En este decorado, si perfectamente resulta necesario sustentar la continuidad de un doctrina de ayudas al transporte terrenal colectivo urbano o interurbano, se hace preciso la revisión, incorporando al mismo tiempo otro tipo de actuaciones que pongan el foco en la elección modal de movilidad, promoviendo un trasvase del uso del transporte privado al transporte divulgado o hacia otras soluciones que, desde el punto de presencia medioambiental, sean más sostenibles.

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b) Se solicitará a los beneficiarios una auditoría o certificado de la persona a la que corresponda, de acuerdo con las normas estatutarias, las funciones de Seguridad pública o las de fiscalización de la administración económico financiera, en el que se evidencie el cumplimiento de los requisitos recogidos en los artículos 37.4, 39, 41 y 42, que les serán de aplicación a estas ayudas, incluyendo la comprobación que no se producen situaciones de doble financiación y que se han dedicado los importes percibidos exclusivamente a financiar la prestación del servicio de transporte notorio y, en todo caso, a compensar a los operadores de transporte por la merma de ingresos que supuso la implantación de la medida en los plazos establecidos en la norma.

En cualquier caso, todas las actividades de comunicación o difusión sobre la implantación de los descuentos a que se hace referencia en esta norma deberán incluir de modo expresa que reciben financiación del Profesión de Transportes y Movilidad Sostenible, e incluirán el logotipo específico que estará adecuado en la Sede Electrónica del Empleo de Transportes y Movilidad Sostenible.

Por otra parte, resulta necesario modificar la disposición adicional cuadragésima cuarta del texto refundido de la índole General de la Seguridad Social para permitir ampliar la duración del compromiso de mantenimiento del empleo y dotar al Mecanismo RED de la flexibilidad necesaria para que su funcionamiento se ajuste con aptitud a situaciones que hasta la día podrían no admitir un tratamiento adecuado bajo el entorno válido. Lo precedente se ha puesto de manifiesto a la vista de las experiencias en materia de regulación temporal de empleo que han tenido lugar desde la aprobación del mecanismo, que revelan que, en determinadas situaciones, es necesario ampliar la duración del compromiso del mantenimiento del empleo para asegurar que la aplicación del mecanismo verdaderamente redunda en beneficio de las personas trabajadoras afectadas por el mismo.

3. Para que opere la suspensión a que se refiere el apartado anterior, quien habite la vivienda sin título habrá de ser persona dependiente de conformidad con lo dispuesto en el apartado dos del artículo 2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, víctima de violencia sobre la mujer o tener a su cargo, conviviendo en la misma vivienda, alguna persona dependiente o menor de antigüedad.

2. No obstante, estas ayudas son incompatibles con aquéllas otras que, en gratitud del hecho insular, se otorguen en virtud de lo previsto en el artículo 59 de este Positivo decreto-ley a las comunidades autónomas de Illes Balears y Canarias para la implantación de un descuento del 100 % en el precio de los abonos de transporte resolucion 0312 de 2019 derogada y títulos multiviaje del transporte divulgado colectivo terrenal de las islas.

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